La convocatoria anticipada de elecciones que ha fijado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para el día 29 de noviembre paraliza todas las tramitaciones legislativas en curso y las deja a merced de las nuevas mayorías y del nuevo Ejecutivo. Una de las cuestiones que quedará en el tintero es la reparación a las familias a las que el franquismo incautó bienes y dinero durante la Guerra Civil y la posterior dictadura, una reivindicación histórica que la Ley de Memoria Democrática de 2022 se comprometió a abordar y que, cuatro años después, continúa sin resolverse.

Ante la posibilidad de que el adelanto electoral dé al traste con sus aspiraciones, los afectados han enviado dos cartas a Sánchez en apenas 24 horas para exigirle que actúe antes de que termine la legislatura y habilite un mecanismo extraordinario que permita compensar a las víctimas mediante la aprobación de un real decreto-ley que pueda convalidar la Diputación Permanente, como se ha hecho con las dos normas de vivienda. Su temor es que una hipotética llegada del PP y Vox a la Moncloa paralice todo el trabajo hecho hasta ahora.

Una auditoría sin determinar

La Asociación de Perjudicados por la Incautación del Gobierno Franquista (APIGF), que representa a cientos de familias afectadas, denuncia que el Ejecutivo ha dejado pasar los años sin materializar las reparaciones previstas en la ley. En el centro de la controversia está la auditoría de los bienes expoliados por la dictadura, que debía estar terminada en 2023 y que sigue sin concluir. La entidad sostiene, sin embargo, que buena parte de sus asociados ya tienen acreditada y reconocida oficialmente la incautación del papel moneda republicano que sus familiares tuvieron que entregar en 1939. Por ello, consideran injustificable que la investigación general siga bloqueando las compensaciones de aquellos casos en los que la administración ya dispone de toda la documentación.

«Estamos en tiempo de descuento, este Gobierno sabe que o nos dan una solución ahora, como hicieron con el Palacete del PNV, o conscientemente nos estarán lanzando al olvido», advierte la presidenta de la asociación, Laureana Cervera. La representante de las familias cuestiona que el Ejecutivo haya dejado transcurrir prácticamente toda la legislatura sin culminar el proceso. «Nos preguntamos qué sentido tenía hacer la Ley de Memoria si jamás tuvieron la intención de llegar hasta el final, nos preguntamos si era algo más que una impostura», lamenta.

Nos preguntamos qué sentido tenía hacer la Ley de Memoria si jamás tuvieron la intención de llegar hasta el final, nos preguntamos si era algo más que una impostura

Laureana Cervera

— Representante de la APIGF

La Ley de Memoria Democrática, aprobada en octubre de 2022, contempla en su artículo 31 la investigación de las incautaciones de bienes y sanciones económicas por motivos políticos, ideológicos o religiosos durante la Guerra Civil y la dictadura. También incluye expresamente el papel moneda entre los bienes que deben ser objeto de una auditoría. Según explica la asociación en la primera misiva, enviada el pasado martes, numerosas familias conservan los justificantes originales de las entregas, expedidos por bancos, ayuntamientos y otras instituciones de la época, así como documentos notariales que acreditan su condición de herederos.

La entidad asegura que el propio Gobierno ha remitido a muchos de los afectados una «declaración de reconocimiento de reparación personal», en la que se identifica al familiar perjudicado y se certifica la cantidad exacta de pesetas incautadas. Por ello, defiende que no es necesario esperar a que concluya la auditoría global para resolver estos expedientes. «En estos casos, ya no estamos ante una cuestión de acreditación del perjuicio, sino ante la necesidad de establecer el mecanismo de reparación y fijar el contravalor», argumenta la primera carta.

Una última oportunidad

Con las Cortes disueltas y las elecciones a la vuelta de la esquina, las familias ven en la Diputación Permanente del Congreso su última oportunidad para conseguir una solución. En sus escritos, solicitan a Sánchez que estudie la aprobación de un real decreto-ley que establezca un mecanismo de compensación para los casos ya acreditados. La Constitución permite al Gobierno aprobar este tipo de normas en situaciones de extraordinaria y urgente necesidad, que pueden ser sometidas a convalidación por la Diputación Permanente durante los períodos de disolución parlamentaria.

La asociación admite que corresponde al Ejecutivo determinar si concurren los requisitos jurídicos para recurrir a esta vía, pero insiste en que el tiempo transcurrido y el reconocimiento oficial de las incautaciones justifican, como mínimo, que se estudie esta posibilidad. En su segundo escrito, la asociación recuerda además que ya se han llevado a cabo restituciones de obras de arte incautadas durante el franquismo y reclama que las familias que perdieron sus ahorros reciban un trato equivalente.

Nieta de Companys

Entre las personas que reclaman una solución está Lidia Jiménez, nieta del expresident Lluís Companys, fusilado por el franquismo en 1940. Jiménez lamenta que, pese a los compromisos adquiridos por el Gobierno, la reparación continúe encallada mientras fallecen los descendientes que llevan décadas reclamándola. «Tras cuatro años de vigencia de la Ley de Memoria, seguimos igual, cada vez somos menos los que quedamos», señala

La nieta de Companys sostiene que la auditoría debería haber concluido hace tiempo y recuerda que las familias de la asociación ya han documentado los bienes incautados. «No entendemos a qué han estado esperando«, añade. Jiménez interpela directamente al presidente del Gobierno ante la posibilidad de que la disolución de las Cortes vuelva a frustrar sus aspiraciones. «Es una cuestión de voluntad y de valentía», sostiene.