Al menos una veintena de familias de Tarragona podrán recuperar, si el Gobierno del PP hace caso al Congreso, el dinero que las autoridades franquistas incautaron a sus padres y abuelos al final de la Guerra Civil.
La Cámara Baja acaba de aprobar una proposición no de ley en la que insta al Ejecutivo de Mariano Rajoy a investigar cuánto dinero se incautó en total y a reconocer el «derecho a obtener reparación» a los damnificados o a sus herederos.