Víctimas del franquismo ven doble rasero del Gobierno en la restitución de las incautaciones
La ARMH solicita copia de los informes técnicos y jurídicos que avalan la devolución de un inmueble en París al PNV
Las víctimas del franquismo denuncian un doble rasero en la restitución de los bienes incautados por la dictadura. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha registrado una queja en la que observa «un agravio comparativo» entre las devoluciones que aún esperan las familias republicanas y las que afectan a partidos políticos. Lo hace apenas unos días después de que el Gobierno rehabilitara al PNV con la propiedad de la que fuera sede del Gobierno vasco en el exilio. La organización que preside Emilio Silva ha solicitado al Ejecutivo copia de los informes técnicos y jurídicos que avalan la decisión.
El Gobierno aprobó la restitución el pasado lunes, en el último Consejo de Ministros del año. Lo hizo en virtud a la Disposición Adicional Novena de la Ley de Memoria Democrática, en vigor desde octubre de 2022. Se publicó el día siguiente en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El PNV recupera tras siete décadas un edificio ubicado en el número 11 de la avenida Marceau de París. El palacete fue adquirido por los jeltzales en 1936 gracias a donaciones de vascos que residían en Estados Unidos, pero Franco se lo quedó en 1951.
La recuperación del edificio era una reivindicación histórica de la formación que preside Andoni Ortuzar, que ya exigió su devolución a José María Aznar y a Mariano Rajoy. El inmueble alberga actualmente la sede del Instituto Cervantes en París, por lo que se acuerda el pago de un alquiler al PNV durante los próximos seis años «abonando desde el 1 de enero de 2025 una renta de mercado». Con este gesto, Pedro Sánchez allana la negociación de los Presupuestos que comenzará en las próximas semanas.
Queja al Gobierno
El PNV también arrancó al Gobierno «una compensación» por otros dos inmuebles situados en Noyon y Compans, al norte de Francia. La decisión ha sido aplaudida por la ARMH, aunque denuncia un doble rasero. «El Estado no puede llevar a cabo un agravio comparativo y decir que los partidos tienen derechos que no tienen las personas porque entonces son privilegios», lamenta Silva.
La organización, la primera que llevó a cabo exhumaciones científicas de una fosa común de víctimas de la represión franquista, ha registrado una queja dirigida a la Presidencia del Gobierno en la que rechaza la discriminación de las víctimas de la dictadura. El escrito presentado por la ARMH, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, afirma que le cuesta entender que un partido político tenga la posibilidad de recuperar un bien incautado y que «las familias republicanas saqueadas a punta de pistola no tengan el mismo derecho».
La ARMH solicita al Gobierno que garantice el mismo trato y que no construya agravios comparativos «porque son contrarios a derecho». Reprocha al Ejecutivo que lidera Sánchez que pretenda establecer una norma «partitocéntrica» donde las organizaciones políticas tengan derecho a la devolución y las personas no.
«Es intolerable e incomprensible que el Estado devuelva un bien incautado por Franco a una formación política y niegue ese derecho a las familias que sufrieron una terrible represión económica que sacó para siempre a niños de colegios y multiplicó el dolor del asesinato o la detención ilegal de un ser querido», señala Silva, nieto de un desaparecido por la represión franquista.
El retrato de Giner de los Ríos
La asociación también ha solicitado a través del Portal de Transparencia copia de los informes técnicos y jurídicos que avalan la devolución del Instituto Cervantes de París al PNV mientras «niegan a miles de familias de la represión franquista» esa misma reparación. «Es inaceptable que los partidos tengan derechos y las personas no, porque entonces lo que se están legislando son privilegios y eso va contra las leyes. Además, supone revictimizar a las víctimas al volver a discriminarlas», insiste Silva.
El pasado 12 de diciembre el Ministerio de Cultura realizó la primera devolución de bienes incautados por el franquismo: un retrato de Francisco Giner de los Ríos de niño realizado por Manuel Ojeda y Siles en 1852. El cuadro, que se conservaba en la Biblioteca Nacional, vuelve a la fundación del pedagogo, que solicitó el lienzo. El filósofo rondeño creó la Institución Libre de Enseñanza e impulsó proyectos como la Junta para la Ampliación de Estudios, la Residencia de Estudiantes o las Misiones Pedagógicas.
La obra no estaba incluida en el inventario que publicó Cultura en julio, que detectó 5.126 piezas incautadas y que aún siguen en colecciones de 16 museos estatales. El artículo 3 de la Ley de Memoria Democrática define como víctima a quienes «padecieron la represión económica con incautaciones y pérdida total o parcial de bienes, multas, inhabilitación y extrañamiento». Y el 31 establece «el derecho al resarcimiento de los bienes» tras una auditoría que debería haberse realizado en el plazo de un año.
La misma que llevan esperando cientos de familias para determinar el valor de las pesetas que requisó el franquismo a sus ascendientes, denominado dinero rojo. El Gobierno ha expedido ya los primeros 40 reconocimientos de reparación personal, paso previo para acceder a las indemnizaciones. Vosseler Abogados ha presentado más de 400 solicitudes. Los títulos están a nombre de las personas que se les confiscaron los ahorros, por lo que cada título puede tener varios herederos.