Por orden del juez, decía ese texto, «se sacan a la venta en subasta pública, por término de veinte días y con una rebaja del 25% sobre el precio de tasación, los siguientes bienes embargados a dicho inculpado: una era de trillar mieses, una tierra al camino de Guzmán, otra a Valdecarros»… Y así hasta una treintena de propiedades que el susodicho tenía en Villaescusa de Roa, en la provincia de Burgos.

Santiago Niño Miguel figuraba en los papeles de la época como posadero, dueño de una carnicería y fiscal. Un hombre con cierta hacienda. Pero eran tiempos de apreturas para el país y las autoridades franquistas le embargaron sus bienes. En «Burgos, 12 de septiembre de 1938, III Año Triunfal», queda fechado el documento oficial.

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«Mi familia vivió después de una forma completamente humilde. Pero en mi casa nadie sabía nada de esto o nadie lo quiso contar. Cuando descubrí el papel le pregunté a mi madre, que ya andaba con Alzheimer, y sólo me respondió que su abuelo era de los ricos del pueblo. Quise indagar algo más, pero todos los contactos ya habían fallecido», cuenta ahora Antonio Miguel, bisnieto de Santiago.

Antonio tiene 67 años y, como también ocurre siempre en estos casos, es uno de los últimos eslabones de todas aquellas familias que vieron cómo el régimen embargaba sus bienes en virtud del «interés general».

No hay un registro oficial, pero los historiadores calculan que los expedientes se cuentan por decenas de miles. Sus herederos van muriendo y en casos como el de Antonio sólo llegan a tener conocimiento de causa por puro azar.

«Ni siquiera sé si tengo derecho a reclamar, porque se trata de mi bisabuelo, era el abuelo de mi madre. Pero si estuviera legitimado para ello sí que lo haría, ya que creo que el Estado se debe hacer responsable de la reparación de las víctimas por lo que hizo el propio Estado», sostiene.

Desde la muerte del dictador la legislación no había dado amparo a estas reclamaciones. Hasta que en 2022 la Ley de Memoria Democrática incluyó un artículo que reconoce como víctimas del franquismo a «las personas que padecieron la represión económica con incautaciones y pérdida total o parcial de bienes, multas, inhabilitación y extrañamiento».

En la ley también se reconoce el derecho al «resarcimiento» por esos bienes. Sin embargo, la gran mayoría de las familias siguen sin ver nada a cambio.

«A los partidos políticos y a los sindicatos se les ha devuelto todo o más de lo que pidieron, mientras que a muchas familias se las dejó en la más absoluta indigencia. Esa es la hipocresía del Estado, que no ha hecho memoria, justicia ni reparación«, opina Antonio Miguel.

Y cuando habla de los partidos políticos, menciona el último ejemplo.

El palacete de París

Desde hace décadas el PNV lleva reivindicando como propia la sede del Instituto Cervantes de París, incautada por la Gestapo en 1940 y entregada al gobierno franquista por un tribunal de la Francia ocupada en 1943. Sin embargo, el litigio por su propiedad no se ha convertido en trifulca política de primer orden hasta su concesión a los nacionalistas vascos a través del famoso decreto ómnibus del Gobierno.

El PP rechazó primero el decreto, en el que se incluía la revalorización de las pensiones y las subvenciones al transporte público, alegando que no estaba por la labor de entregar el palacete al PNV. Pero cuando el PSOE llegó a un acuerdo con Junts, que ya había tumbado el decreto en un primer término, los populares también anunciaron su voto favorable, aunque siguieran en desacuerdo con este tema.

Una sentencia del Tribunal Supremo de 2003 desestimó las reclamaciones del PNV, al entender que la Justicia francesa había dictado hasta en tres ocasiones que el edificio era propiedad del Estado español.

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Pero en la Ley de Memoria Democrática de 2022 se incluyó una disposición adicional ad hoc, que establecía que los partidos políticos tienen derecho a reclamar bienes incautados «aun cuando el título de propiedad del Reino de España hubiera venido a ser atribuido por resoluciones administrativas o judiciales de estados extranjeros«.

Desde distintas asociaciones salieron a criticar este arreglo, cuando finalmente el Gobierno facilitó la cesión de la sede del Cervantes al PNV. Como hizo Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, quien defiende que «no es comprensible que partidos y sindicatos solventen así sus cuestiones, mientras que las familias de quienes quedaron en las cunetas nunca han visto nada».

“Vivimos en una democracia de personas, no de partidos”, sentencia.

La organización que preside se ha dedicado, fundamentalmente, a la exhumación de cadáveres en fosas comunes. Aunque a él esta cuestión también le toca directamente. «Mi abuelo emigró a Estados Unidos en 1915 y regresó en 1925. Montó una tienda en Villafranca del Bierzo, en la que le fue bien hasta que llegó el golpe militar», relata.

Allí, en esta comarca de León la Falange se hizo rápidamente con el control. «Le empezaron a cobrar cada vez que querían 75 pesetas, que supuestamente le serían devueltas con unos pagarés. Y entraban en la tienda para llevarse lo que pillaran: vajillas, azúcar, zapatos… Se convirtió en una rutina hasta que un día llegan a su casa y lo detienen».

Era el 15 de octubre de 1936, tres meses después del alzamiento militar. La noche siguiente, Emilio Silva Faba, abuelo de Emilio Silva Barrera, fue fusilado en mitad de un camino.

«Por supuesto que no hemos visto nada, porque el Estado nunca se ha ocupado de esto», señala el nieto.

Opacidad en los datos

Durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, el Gobierno creó una comisión interministerial para el estudio de la Guerra Civil y el franquismo. Se hizo un listado con las reivindicaciones de los partidos políticos en el que se concluyó que hasta ese momento se habían producido siete devoluciones de inmuebles por vía administrativa y otras 22 por vía judicial.

El más beneficiado había sido el PSOE, aunque en las peticiones aparecen las siglas de formaciones como Acción Republicana -fundada por Manuel Azaña– o los comunistas del PSUC. Hubo decenas de peticiones que se desestimaron, aunque partidos y sindicatos lograron parte de sus reivindicaciones.

Quien mejor lo ha documentado ha sido Daniel Vallès Muñío, catedrático de Derecho Público y Ciencias Histórico Jurídicas de la Universidad de Barcelona. Hoy el organismo encargado de actualizar ese listado debería ser la Secretaria de Estado de Memoria Democrática, integrada en el Ministerio de Política Territorial, aunque desde el departamento no han respondido a la solicitud de este periódico.

Por otra parte, el Ministerio de Cultura publicó el año pasado un inventario con más de 5.000 bienes incautados por el franquismo. En él hay registrados objetos, cuadros u otras obras de arte que se encontraban en los museos estatales y que a partir de ese momento podían ser solicitados por sus legítimos propietarios.

Hace unas semanas la Fundación Giner de los Ríos recuperó un lienzo que había sido embargado por las autoridades franquistas y se hallaba ahora en la Biblioteca Nacional. Sin embargo, desde el Ministerio de Cultura, consultados por EL ESPAÑOL, señalan que «las reclamaciones se van abordando caso a caso» y sólo se informa de ellas cuando se van resolviendo.

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La restitución de estos bienes se sigue produciendo por goteo. Pero, al fin y al cabo, avanza. Mientras, los herederos de los desposeídos ven en esta situación un «agravio comparativo evidente».

Es el caso de Joaquim Gràcia, quien también descubrió un papelajo por casualidad. En realidad fue un primo suyo el que abrió una caja fuerte de la familia y encontró una especie de factura sin cobrar.

En el encabezado se leía: FONDO DE PAPEL MONEDA PUESTO EN CIRCULACIÓN POR EL ENEMIGO. Y más abajo: «Doña Paquita Marcet, en cumplimiento de los preceptos establecidos en el Decreto y Orden arriba consignados, ha entregado la cantidad nominal de cuarenta y una mil setenta y siete pesetas”. Una fortuna para la época.

Doña Paquita era dueña de la mercería Las Novedades de la Travesera de Gràcia 321 de Barcelona. Un negocio próspero en una avenida distinguida que permitía vivir bien a la familia. «Pero llegaron las tropas franquistas y la dejaron sin nada. En el 41 Franco dijo que lo devolverían, y aún estamos esperando», cuenta Joaquim.

«Dinero incautado al enemigo, dijeron. Si mi abuela estaba en el bando republicano porque le tocó… Ella nunca estuvo en política, sólo montó un negocio después de que su marido, mi padre, volviera de un campo de concentración. Los dejaron en la ruina, aunque mi abuela, que era muy buena comerciante, consiguió hacerlo remontar».

Hoy Joaquim sigue reclamando ese dinero. Está a la espera de que el Estado -ya ha dado por buenos los documentos- haga una valoración de la cantidad equivalente en euros, que podría ser de cientos de miles, y de que se hagan efectivos los pagos.

«Pero, mientras, el PNV ya tiene su palacete. En los partidos y los sindicatos todo el mundo ha cobrado y nosotros seguimos aquí esperando como idiotas. Esto es un agravio comparativo de la leche», lamenta.

Joaquim tiene 73 años, hace una década que ingresó en la Asociación de Perjudicados por la Incautación del Gobierno Franquista y como él hay otras 400 personas.

Descendientes de Companys, Alcalá Zamora y otras 400 familias reclaman con pagarés de hace 86 años el dinero que incautó Franco

Una de ellas, otra de las históricas, es Lidia Jiménez, tesorera de la asociación e hija de su primera presidenta, la Montserrat. «Nosotras vivíamos en Barcelona y yo recuerdo ir de niña con mi madre a Madrid, al Banco de España, para reclamar este dinero y que nos dijeran constantemente que ya nos lo pagarían».

«Era una cantidad ridícula, 1.235 pesetas. Pero se trata de una cuestión de voluntad, no de dinero». Eran todos los ahorros de Joan Capdevila, su abuelo, un minero de Berga, en Barcelona, que tuvo que renunciar a comprarse una casa porque el franquismo había decidido recurrir al bolsillo del ciudadano para pagar el coste de la guerra.

Un día, recuerda Lidia, a su madre le pagaron el viaje a Madrid. Pero no para acudir al Banco de España, sino para sentarse en el plató de Susanna Griso. Salió en televisión con el papelito de las autoridades franquistas y las líneas colapsaron.

Decenas, cientos de personas se encontraban en la misma situación. Y así fue como se formó la Asociación de Perjudicados por la Incautación del Gobierno Franquista. Ahora su caso lo llevan desde el despacho de abogados Vosseler de Barcelona.

«Yo ya no lo hago por mí, lo hago por mi madre y por su recuerdo, aunque ya no pueda ver cómo le devuelven ese dinero que reclamó insistentemente en Madrid», confiesa Lidia.

Ella tiene ahora 71 años y se considera en la «antesala de las necrológicas». «Llevamos 80 años esperando, viendo que otros consiguen sus reivindicaciones y que los partidos consiguen lo suyo a través de atajos. No es justo, no es justo», sentencia.

Ella ni siquiera se opone a que le devuelvan el palacete al PNV. Simplemente pide un trato igual para todos. «Porque quienes pagaron las deudas del franquismo fueron los ciudadanos. Y ahora los ciudadanos seguimos siendo los últimos en la lista de prioridades».